Tres científicos que marcaron hitos en el desarrollo de las baterías de litio ganaron el Premio Nobel de Química 2019. Provienen de países que industrializan el mineral exportado (principalmente) de Suramérica, donde está el 85% de las reservas mundiales. Sputnik te explica cómo funciona el negocio en Chile, principal productor del mundo.
Hay quienes avistan una sociedad "inalámbrica" y libre de combustibles fósiles. Las baterías de ion de litio han cambiado sustancialmente las tecnologías de la comunicación y han significado una metamorfosis en la forma en que nos comunicamos. También han tenido un impacto feroz en el transporte y en la electrificación rural.
Sin embargo, lo que no ha cambiado es la política de extracción que prima en Suramérica, donde pareciera que la minería y el desarrollo tecnológico no son compatibles. Argentina, Bolivia y Chile son conocidos mundialmente por su rica salmuera, de donde se extrae el litio, ellos conforman el "Triángulo del Litio", pero exportan la materia prima sin industrializar.
El litio se obtiene a través de un proceso de evaporación. "Las salmueras presentes bajo la superficie del salar son extraídas en pozos de bombeo y luego son transportadas a grandes piscinas de evaporación para obtener las sales. A través de un proceso químico se obtiene el carbonato de litio", explicó a Sputnik Gabriela Burdiles, directora de Proyectos de la ong chilena FIMA.
Chile, el líder extractivista, considera que para mantener su primer puesto debe aumentar la cantidad de toneladas de litio que exporta, no agregarle valor. Según el estudio La economía política de la explotación de litio en Chile: 1980-2018 —publicado en 2018 en la Revista N° 34 de Ciencias Sociales de la Universidad de Quilmes, Argentina—, en parte se debe a la sólida estructura política, social, tecnológica y productiva que la élite instaló en el país.
Las claves del negocio
A pesar de que en Chile el litio es considerado "mineral de carácter estratégico" y —en teoría— los yacimientos pertenecen al Estado, los privados tienen las concesiones de explotación, y realizan los estudios de viabilidad que les exige el Estado para otorgarles las licencias. Las ganancias que obtienen son desconocidas.
No obstante, sí se conoce que en 2016 Chile exportó 201.310 toneladas del mineral y sus componentes, el 38,4% de la producción mundial, y que en 2017 las exportaciones generaron más de 700 millones de dólares. Al año siguiente, las exportaciones de litio sumaron 948 millones de dólares, según América Economía. Dos empresas que están instaladas en el norte chileno tienen el monopolio, Sociedad Química y Minera (SQM) y Rockwood-Albemarle.
Los autores del estudio aseguran que los capitales de la industria minera del litio en Chile funcionan como "injertos" en las economías de los territorios donde se instalan, limitan su desarrollo y generalmente resultan perjudiciales.
Las externalidades negativas que generan son varias:
el progresivo agotamiento de las reservas hídricas;la división interna de los pueblos originarios, porque se ven obligados a negociar prebendas con las empresas en su propio territorio;la destrucción y contaminación de los ecosistemas;cuando las empresas se instalan, importan los bienes y servicios necesarios para funcionar (como la maquinaria y el servicio técnico): la mano de obra que contratan es poco calificada;generan una migración interna de trabajadores, que tienen jornadas atípicas;no existe una reinversión en el territorio, lo que acentúa la economía no diversificada;tampoco existe la inversión en laboratorios de investigación, lo que perpetúa la explotación y exportación del mineral sin industrializar.
No obstante, el modelo de enclave exportador extractivista es alentado por las élites políticas y empresariales, que en muchos casos están compuestas por las mismas personas.
Se amparan en el marco legislativo más liberal del mundo: en Chile los trabajadores no pueden negociar las condiciones laborales ni sueldos por ramas productivas, si no que una empresa puede estar discutiendo un mismo aspecto con dos sindicatos, proponiendoles diferentes ofertas.
Entre otras cosas, las empresas no realizan aportes para las pensiones de los trabajadores; tampoco deben cumplir un límite respecto a la cantidad de empleados que pueden subcontratar. En la industria del cobre más del 60% de los trabajadores están empleados bajo esa modalidad.
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